WASHINGTON, D.C. — El proceso judicial contra el senador Enrique Inzunza Cázarez en Estados Unidos ha tomado un rumbo definitivo. Fuentes con conocimiento del caso confirman que la defensa del legislador sinaloense ha establecido los primeros contactos con el Departamento de Justicia (DOJ) para negociar un acuerdo que le permita convertirse en testigo cooperante.
Este movimiento legal busca mitigar las graves acusaciones que pesan sobre él por presunta conspiración y vínculos con el narcotráfico, específicamente como enlace institucional para el Cártel de Sinaloa.
La negociación: ¿Qué busca la defensa?
El acercamiento de los abogados de Inzunza responde a una estrategia para evitar un juicio que podría culminar en cadena perpetua. Al buscar la figura de testigo protegido o cooperante, el senador apunta a:
Reducción sustancial de su condena: A cambio de información verificable que ayude a desarticular redes criminales.
Información de alto nivel: Se presume que Inzunza posee datos clave sobre la relación entre el poder político sinaloense y la facción de «Los Chapitos».
Beneficios carcelarios: Posibilidad de purgar una pena menor en prisiones de mínima seguridad.
El peso de las acusaciones
El expediente del Gobierno estadounidense señala que, durante su etapa como Secretario General de Gobierno, Inzunza habría facilitado la logística y protección para el tráfico de precursores químicos. La investigación se centra en reuniones secretas y el uso de la estructura estatal para blindar operaciones delictivas.
Impacto en la política nacional
Aunque el senador ha declarado en diversas ocasiones que es víctima de una «campaña de desprestigio», la búsqueda de un acuerdo de cooperación en EE. UU. ha encendido las alarmas en el ámbito político mexicano. De concretarse el trato, su testimonio podría derivar en nuevas órdenes de aprehensión contra otros exfuncionarios y políticos en funciones.
«Este paso confirma que la estrategia ha dejado de ser la negación total para enfocarse en el control de daños legales ante la contundencia de las pruebas presentadas en las cortes federales», señalan expertos en derecho internacional.
